“DESASTRE” DE CDEEE PARA SUELDOS DE LUJO

• CDEEE abona más de 500 millones de dólares a las empresas generadoras
• Embajador afirma a Estados Unidos le preocupa situación energética de RD
• Déficit de CDEEE alcanzará los US$1,800 millones este año
• Apagones afectan el suministro de agua
• Se extienden apagones; ahora duran 8 y 10 horas en la capital

El administrador general de Edesur recibía un “paquete” de ingresos superior al millón de pesos al mes. Los pagos se hacían en dólares.

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y sus  tres distribuidoras de electricidad, conocidas como las Edes, todavía no han podido salir de una situación financiera calamitosa. Tampoco han podido ofrecer un servicio eficiente. Sin embargo, estas cuatro agencias gubernamentales pagan “paquetes” salariales y bonificaciones propias de empresas boyantes y eficientes. Hace poco, por ejemplo,  los principales ejecutivos de la CDEEE fueron liquidados con sumas millonarias.

En la CDEEE se paga y se cobra como si esta corporación estatal estuviera boyante y como si sus transacciones fueran exitosas. Recientemente, 19 empleados de alto nivel, incluyendo a su vicepresidente ejecutivo, Celso Marranzini Pérez, cobraron 24 millones, 840 mil pesos con cinco centavos por concepto de “descargo” o bonificación.

Este equipo dejó la CDEEE cuando las nuevas autoridades tomaron posesión.

Solo siete de estos burócratas recibieron pagas por debajo del millón de pesos. Según el listado en poder de este diario, los pagos por descargo fueron los siguientes:

--Rubén Aliro Castillo Lorenzo, RD$1,317,358.06.

--Erick Eduardo Jerez Mejía, RD$1,174,011.01.

--Ramón Emilio de Jesús Mena García, RD$768,407.04.

--Víctor Bautista de los Santos, RD$1,193,759.37.

--Guillermo Ernesto Sterling Montes de Oca, RD$1,456,282.74.

--Francisco Abreu Montes de Oca, RD$1,274,534.87.

--Steven Romeo Ramlkhan Pahlad, RD$794,282.85.

--Rosie Maribel Fernández Resek, RD$1,595,458.30.

--Yalitza Kareline Fernández Avelino, RD$488,782.59.

--Juan Carlos Fabián Janampa, RD$510,358.87.

--Ramón Leonidas de Jesús García Tatis, RD$774,146.67.

--Ramón Aquiles Tabaré Alvarez Malangón, RD$1,674,675.44.

--Darwin Rafael Castillo De León, RD$681,999.30.

--Mirna Iris Lorenzo Del Villar, RD$1,688,043.23.

--Héctor Leónidas Guilliany Cury, RD$2,826,716.71.

--George Ángel Reinoso Núñez, 2,199,732.64.

--Magín Javier Díaz Domingo, RD$1,843,064.76.

--Ceso Marranzini Pérez, RD$1,826,749.95.

--Manuel Arturo Fermín Cabral, RD$725,840.05.

Los extranjeros de Edesur.  Los 16 ejecutivos y técnicos extranjeros que tiene Edesur Dominicana, S.A., una distribuidora de propiedad estatal, devengan cada mes, en conjunto, nueve millones, 734 mil 848 pesos con 80 centavos. Este es el equivalente de 249 mil 611 dólares, con 51 cheles, calculados a una tasa conservadora de 39 pesos por dólar.

Trece de estos extranjeros ingresaron a Edesur a finales del año 2010. Tres laboran en esta distribuidora desde principios del año pasado.

Los ingresos que recibe este grupo élite están compuestos por un “paquete” laboral que incluye el salario mensual, el alquiler o renta de la vivienda, una proporción mensual de regalía, el pago del Impuesto Sobre la Renta, que lo asume Edesur,  la colegiatura o pago mensual de la educación de los hijos menores de 18 años que estudien en el país; pasajes aéreos (dos pasajes de ida y vuelta al año para el empleado y sus dependientes directos, en clase económica, a su país de origen); seguro médico y de vida internacional y seguro médico nacional.

Cada uno de estos empleados tiene asignado un vehículo de motor.

Así, el “paquete” de ingresos mensuales del administrador general de Edesur, Gerardo Marcelo Rogelio Silva, sobrepasaba el millón de pesos al mes.

Cuatro devengaban algo más de 16 mil dólares al mes, dos recibían más de 17 mil dólares mensuales; dos recibían casi 15 mil dólares; dos, trece mil dólares; uno, once mil dólares, y los que menos recibían, dos operadores, unos siete mil dólares mensuales.

Los extranjeros de Edenorte.  La distribuidora  Edenorte pagó durante los primeros seis meses del año 24.2 millones de pesos a nueve ejecutivos y técnicos extranjeros. Estos gastos también incluían los salarios, la vivienda, los pasajes aéreos,  seguro de vida y médico, así como gastos educativos para los hijos de este personal.

El sistema eléctrico del país no produce los ingresos necesarios para financiar sus gastos. Ahora mismo, por ejemplo, el Gobierno adeudaba hasta el viernes unos mil millones de dólares a las empresas generadoras y unos 600 millones de pesos a suplidores de la CDEEE y de las distribuidoras. La primera deuda se redujo sustancialmente el viernes, cuando el Gobierno abonó poco más de 500 millones de dólares. Este dinero se consiguió con la venta de bonos y con un préstamo bancario. //hoy.com.do

Publicadas por GUASABARAeditor 

ALFABETIZACIÓN, PUNTO DE PARTIDA

"Luego, en una de esas quiebras dañinas en los planes de desarrollo nacional, el PEEC fue borrado del organigrama y del presupuesto de la cartera".

Por Ivelisse Prats Ramirez De Perez

No me agrada escribir sobre fechas conmemorativas. Mientras me hago más vieja, menos me atraen temas encorsetados con sus significados desnaturalizados en el significante jacarandoso que les imprime la marca roja en el calendario.

Hago excepciones en incursiones esporádicas a las tradiciones, la alegría navideña, el recogimiento místico de la Semana Mayor. También, cada año hablo En Plural, a veces muy en solitario, del Día Internacional de la Alfabetización.

Como hoy. Discípula de Freire, conocedora de la Pedagogía crítica, llevé en 1982 a la entonces Secretaría de Educación un proyecto de alfabetización construido junto a mis estudiantes de Pedagogía de la UASD.

El proyecto cuajó en el decreto 210 del presidente Jorge Blanco, con el nombre de Programa Especial de Educación Ciudadana (PEEC). Fue más que una prioridad, una pasión huracanada que cruzó mi gestión como eje transversal de mi filosofía educativa.

Recuerdo emocionada el reconocimiento que la UNESCO hizo al PEEC como modelo en América Latina, los apoyos que esa organización recibimos en cursos, seminarios y especialistas.

El PEEC fue mi gloria, también mi agonía. La lucha fratricida grupal de mi partido abortó en el Congreso la aprobación del Préstamo de US$25 millones, casi donación por su bajísimo interés, ya firmado con el BID, para construir 16 escuelas técnicas que complementarían la fase alfabetizadora con la capacitación para el trabajo.

El PEEC, aunque exitoso en su primera fase, más de 100 mil alfabetizados con amplia participación de voluntarios, se tambaleó y debilitó en su concepción integral, al faltar el complemento de post alfabetización previsto.

Luego, en una de esas quiebras dañinas en los planes de desarrollo nacional, el PEEC fue borrado del organigrama y del presupuesto de la cartera.

Me pregunto: si el PEEC hubiera continuado como prioridad en los planes educativos, revisándose, actualizándose en evaluaciones periódicas de sus errores y aciertos, quién sabe si podríamos hablar el lunes, por boca del Presidente, de otros “issues” de nuestra Estrategia de Desarrollo.

Desde la agridulce experiencia en ese PEEC inolvidable, y ante la expectativa de que pasado mañana el presidente Danilo Medina presentará a la nación un Plan Nacional de Alfabetización, expreso, con los dedos cruzados, unos cuantos deseos para que nazca vivo y se mantenga viable este nuevo Plan.

1. Mi primer deseo es que dicho Plan parta del levantamiento de un Inventario Nacional de Analfabetos: absolutos, funcionales, por desuso, los analfabetos digitales también.

Sabemos que los datos del Censo Nacional de Población no son confiables para definir nuestro índice de analfabetismo.

A la pregunta rutinaria de si saben o no leer, contestan muchos iletrados con un “sí” vacilante, asumiendo como vergu¨enza propia una culpa del sistema.

2. Que la alfabetización no se conciba como campaña efímera, sino como escalón que tiene que cruzarse para continuar, avanzando en los otros tramos de la escalera del sistema educativo, articulando la formación general con la capacitación técnica dentro de un marco de cooperaciones interestatales y con el sector productivo, de tal modo que aprendizajes, prácticas y trabajos dignos formen una efectiva red antipobreza.

3. Que se parta de realidades actuales, pero se aprovechen experiencias: Radio Santa María, es un referente indispensable. Mencioné el PEEC con vanidosa nostalgia; también me enorgullezco de pertenecer al Consejo Asesor del Programa Siembra Saber, que el jueves pasado dio un nuevo paso en la alfabetización, apadrinando 17 instituciones que concursaron para ejecutar Programas en el Sur y en el Este del país. Apretemos esa red solidaria.

4. Que se articule la modalidad formal con la no formal y la informal, desde el principio del Plan. Eso permitirá colectivizar el esfuerzo, hacer plural la participación, y acercar el Plan a la educación popular, tan rica en sus ejercicios dialécticos de investigación- acción.

5.Que se aplique la andragogía, no la pedagogía, recordando la etimología de ambos conceptos. Alfabetizar jóvenes y adultos es tarea compleja, no solo han de aprender a leer y a escribir, más o menos bien, sino que los contenidos y mensajes de los textos tienen que interesarlos, y formarlos en valores y actitudes para que puedan “leer su realidad, escribir su historia”, lema perdurable de la educación popular.

Deseo que los textos que vayan a utilizarse no sean “cartillas vacuas”, o peligrosas, Ojalá se vayan escribiendo no PARA los analfabetos, sino CON ellos en la modalidad de textos generados y generadores.

Estos deseos, mas otros que seguiré comentando, se compendian en uno: alfabetizar para el ejercicio de la ciudadanía plena, para romper la exclusión y la desigualdad que nos asfixia; tejer una red flexible que trascienda campañas y jornadas en la visión de educación para toda la vida. Que el Plan Nacional de Alfabetización sea punto de partida, no de llegada, para la educación de jóvenes y adultos. 

OEA CONFIRMA DENUNCIAS DE PRESIDENTE HIPOLITO MEJIA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos confirmó las denuncias más importantes de irregularidades cometidas por el gobierno en las elecciones de mayo pasado, tal como lo consigna la carta del  Presidente Hipólito Mejía al organismo.

Asimismo recomendó el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de la Junta Central Electoral, tal como solicitó el Presidente Mejía, a fin de que se impida la repetición de las múltiples irregularidades denunciadas por él, de las cuales se hizo eco la OEA

En el informe verbal conocido el pasado miércoles el Consejo reconoció  la compra de votos y cédulas, lo cual fue constatado, en algunos casos por los propios observadores de la OEA. El informe también se refiere al uso de recursos públicos, así como a la presencia de las más altas autoridades del gobierno en actos de campaña.

En su misiva, el Presidente Mejía denunció que los órganos electorales han socavado la libre expresión de la soberanía del pueblo, en la medida en que las decisiones, retrasos en la solución de problemas y omisiones electorales de la JCE; las actitudes intransigentes de la presidencia de la JCE en perjuicio de su candidatura, sustentada por el PRD, partidos aliados y amplios sectores de la ciudadanía; la permisividad del abuso de los recursos del Estado y la visible injerencia constante en el proceso electoral del doctor Leonel Fernández, Presidente de la Republica Dominicana, que han coartado el ejercicio pleno del derecho de los dominicanos.

Pasados casi cuatro meses desde los comicios del 20 de mayo de 2012, el señor Kevin Casas, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, presentó verbalmente el informe elaborado por el señor Tabaré Vázquez, ex Presidente del Uruguay, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de esa organización, quien no estuvo presente en el Consejo Permanente.

El informe de la MOE, que motivó la presencia en Washington del doctor Leonel Fernández, en “coincidencia” con otro evento celebrado en dicha ciudad, deja constancia detallada, de las quejas de partidos políticos, candidatos y organizaciones de la sociedad civil, de una serie de denuncias graves en los procesos electorales de la Republica Dominicana, como “el uso de recursos públicos, control político de los órganos electorales, y uso de la violencia, que “fueron hechas a través de los medios de comunicación y no por los canales institucionales”.

“La Misión llama la atención sobre estos hechos aislados, e insta a  la población a formular las denuncias respectivas y a las autoridades a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que estas se repitan en futuros procesos electorales”, sigue el informe.

Señaló además que “El día de los comicios, observadores desplegados a lo ancho del territorio nacional recibieron denuncias relativas a casos de compra de votos por parte de diversos partidos políticos, como intento por asegurar la preferencia de los ciudadanos por alguna candidatura en particular y de compra de cédulas, con el objeto de impedir el ejercicio del voto por parte de los mismos. En algunos casos observadores pudieron constatar de manera directa ambas situaciones”.

Contrariamente a algunas opiniones divulgadas en los medios nacionales, que pretenden disminuir la importancia de estos hechos y desean cerrar rápidamente la hoja de las elecciones pasadas, la OEA considera importante y pertinente, como responsabilidad nacional, que se procure que esos hechos se aclaren y se tomen acciones eficaces contra estos problemas que perturban la limpieza y equidad electoral.

Señala el informe de la OEA que “la misión recibió denuncia sobre el porte de armas por parte de personas en los recintos electorales, así como también durante los cierres de campaña. Los antecedentes de todas las denuncias recibidas por la OEA fueron remitidos de manera oportuna a la Junta Central Electoral”. No explica el informe, sin embargo,  cuales fueron las diligencias que la MOE realizó ante la JCE para que ésta informara a la misma, sobre el cumplimiento de sus responsabilidades respecto de esas importantes materias, que indudablemente coaccionaron el voto popular.

El informe de la MOE deja entrever claramente las graves deficiencias de la democracia electoral en la República Dominicana, particularmente el uso de los recursos del Estado.

Como parte de sus conclusiones y recomendaciones,la MOE recomienda a las autoridades, en primer lugar: “poner atención, tal y como ha sido mencionado en anteriores informes de MOEs/OEA, al uso de recursos públicos y la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera este sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral.”

Esta recomendación de la MOE, coincide con los planteamientos incluidos en las sendas comunicaciones dirigidas por el Presidente Hipólito Mejía, al señor José Miguel Insulsa, Secretario General de la OEA y al señor  Presidente del Consejo Permanente, las cuales enfocaron, de manera integral y concreta, la gravedad para la democracia dominicana de esas y otras prácticas.

Es indudable que las comunicaciones del Presidente Mejía han constituido una prudente acción para que se tenga conciencia a nivel de las altas autoridades de la OEA que los hechos ocurridos en las elecciones pasadas no sean minimizados, y que se escuche el clamor de los amplios sectores de la ciudadanía, para que se trabaje firmemente en la solución de los problemas estructurales de la democracia en la República Dominicana, como condición indispensable para la realización de comicios libres y justos.

El Presidente Mejía ha cumplido con su responsabilidad, como exponente de un 47 % del electorado, al presentar con franqueza y espíritu constructivo ante el sistema interamericano, las realidades del pasado proceso electoral, con una visión de lo que en su opinión necesita mejorarse para que tenga plena vigencia la Carta Democrática Interamericana, en lo que corresponde a los procesos electorales futuros y la democracia, en la República Dominicana y el continente.

El informe consigna que “Considerando el gran número de acusaciones cruzadas entre los partidos referidas a irregularidades del proceso electoral, la Misión recomienda fortalecer los mecanismos institucionales de la Junta Central Electoral para que los actores políticos puedan transmitir de manera expedita sus denuncias y que la autoridad electoral adopte las medidas pertinentes con prontitud”.

Este aspecto refleja la poca confianza de los partidos de oposición en la equidad de la JCE, y en parte explica lo señalado en otra parte del informe sobre la no presentación de quejas a través de los “canales institucionales”.

Esta recomendación tiene particular importancia ya que una posible ley de partidos pierde efectividad de no cumplirse con la recomendación de la OEA para que se fortalezcan los mecanismos institucionales de la JCE. Es oportuno destacar que todo el entorno judicial esta controladopor el PLD.

Adquiere particular relevancia la recomendación final de la MOE-OEA en la que “reitera su llamado a dar cumplimiento del compromiso asumido por todas las fuerzas políticas de aprobar, antes de fin de año, el proyecto de ley orgánica del régimen electoral, la cual contiene en buena parte los aspectos antes mencionados, y cuya aprobación sin duda significaría un paso sustantivo en la consolidación democrática del país”.

La presentación del informe de la MOE-OEA abre un nuevo capítulo  que obliga a la OEA a lograr mayor  efectividad en las responsabilidades que le corresponden en el contexto de la Carta Democrática Interamericana, particularmente  en términos de una labor más dinámica en favor de un fortalecimiento efectivo de los procesos democráticos en la República Dominicana y en el continente. Esta necesidad ya quedó marcada en los diferentes informes de las MOEs, de los años 2008, 2010 y en ese último informe del pasado 6 de septiembre de 2012.

El Presidente Mejía ha expuesto claramente ante la OEA lineamientos muy precisos y la cooperación que el país necesita en la materia. Esto incluye reformas institucionales que, entre otras, eviten que una eventual ley de partidos políticos o de reforma electoral, no constituyan piezas legales sin verdadera vigencia práctica, vista la influencia determinante del partido en el poder sobre los órganos electorales, JCE y Tribunal Superior Electoral, (TSE), y los demás órganos del Estado.