El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos confirmó las denuncias más importantes de irregularidades cometidas por el gobierno en las elecciones de mayo pasado, tal como lo consigna la carta del Presidente Hipólito Mejía al organismo.
Asimismo
recomendó el fortalecimiento de los mecanismos
institucionales de la Junta Central Electoral, tal como solicitó el Presidente
Mejía, a fin de que se impida la repetición de las múltiples irregularidades
denunciadas por él, de las cuales se hizo eco la OEA
En el informe
verbal conocido el pasado miércoles el Consejo reconoció la compra de votos y cédulas, lo cual fue constatado, en algunos
casos por los propios observadores de la OEA. El informe también se refiere al
uso de recursos públicos, así como a la presencia
de las más altas autoridades del gobierno en actos de campaña.
En su misiva,
el Presidente Mejía denunció que los órganos electorales han
socavado la libre expresión de la soberanía del pueblo, en la medida en que las
decisiones, retrasos en la solución de problemas y omisiones electorales de la
JCE; las actitudes intransigentes de la presidencia de la JCE en perjuicio de
su candidatura, sustentada por el PRD, partidos aliados y amplios sectores de
la ciudadanía; la permisividad del abuso de los recursos del Estado y la
visible injerencia constante en el proceso electoral del doctor Leonel
Fernández, Presidente de la Republica Dominicana, que han coartado el ejercicio
pleno del derecho de los dominicanos.
Pasados casi
cuatro meses desde los comicios del 20 de mayo de 2012, el señor Kevin Casas,
Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, presentó verbalmente el informe
elaborado por el señor Tabaré Vázquez, ex Presidente del Uruguay, jefe de la
Misión de Observación Electoral (MOE) de esa organización, quien no estuvo
presente en el Consejo Permanente.
El informe de
la MOE, que motivó la presencia en Washington del doctor Leonel Fernández, en
“coincidencia” con otro evento celebrado en dicha ciudad, deja constancia
detallada, de las quejas de partidos políticos, candidatos y organizaciones de
la sociedad civil, de una serie de denuncias graves en los procesos
electorales de la Republica Dominicana, como “el uso de recursos públicos,
control político de los órganos electorales, y uso de la violencia, que “fueron
hechas a través de los medios de comunicación y no por los canales
institucionales”.
“La Misión
llama la atención sobre estos hechos aislados, e insta a la población a
formular las denuncias respectivas y a las autoridades a tomar las medidas
correctivas necesarias para evitar que estas se repitan en futuros procesos
electorales”, sigue el informe.
Señaló además
que “El día de los comicios, observadores desplegados a lo ancho del territorio
nacional recibieron denuncias relativas a casos de compra de votos por parte de
diversos partidos políticos, como intento por asegurar la preferencia de los
ciudadanos por alguna candidatura en particular y de compra de cédulas, con el
objeto de impedir el ejercicio del voto por parte de los mismos. En algunos
casos observadores pudieron constatar de manera directa ambas situaciones”.
Contrariamente
a algunas opiniones divulgadas en los medios nacionales, que pretenden
disminuir la importancia de estos hechos y desean cerrar rápidamente la hoja de
las elecciones pasadas, la OEA considera importante y pertinente, como
responsabilidad nacional, que se procure que esos hechos se aclaren y se tomen
acciones eficaces contra estos problemas que perturban la limpieza y equidad
electoral.
Señala el informe
de la OEA que “la misión recibió denuncia sobre el porte de armas por parte de
personas en los recintos electorales, así como también durante los cierres de
campaña. Los antecedentes de todas las denuncias recibidas por la OEA fueron
remitidos de manera oportuna a la Junta Central Electoral”. No explica el
informe, sin embargo, cuales
fueron las diligencias que la MOE realizó ante la JCE para que ésta informara a
la misma, sobre el cumplimiento de sus responsabilidades respecto de esas
importantes materias, que indudablemente coaccionaron el voto popular.
El informe de
la MOE deja entrever claramente las graves deficiencias de la democracia
electoral en la República Dominicana, particularmente el uso de los recursos
del Estado.
Como parte de sus conclusiones y
recomendaciones,la
MOE recomienda a las autoridades, en primer lugar: “poner atención, tal
y como ha sido mencionado en anteriores informes de MOEs/OEA, al uso de
recursos públicos y la presencia de las
más altas autoridades del gobierno y
del partido gobernante en las campañas, cualquiera este sea, a fin de asegurar
la equidad en la contienda electoral.”
Esta
recomendación de la MOE, coincide con los planteamientos incluidos en las
sendas comunicaciones dirigidas por el Presidente Hipólito Mejía, al señor José
Miguel Insulsa, Secretario General de la OEA y al señor Presidente del Consejo Permanente, las
cuales enfocaron, de manera integral y concreta, la gravedad para la democracia
dominicana de esas y otras prácticas.
Es indudable
que las comunicaciones del Presidente Mejía han constituido una prudente acción
para que se tenga conciencia a nivel de las altas autoridades de la OEA que los
hechos ocurridos en las elecciones pasadas no sean minimizados, y que se
escuche el clamor de los amplios sectores de la ciudadanía, para que se trabaje
firmemente en la solución de los problemas estructurales de la democracia en la
República Dominicana, como condición indispensable para la realización de
comicios libres y justos.
El Presidente
Mejía ha cumplido con su responsabilidad, como exponente de un 47 % del
electorado, al presentar con franqueza y espíritu constructivo ante el sistema
interamericano, las realidades del pasado proceso electoral, con una visión de
lo que en su opinión necesita mejorarse para que tenga plena vigencia la Carta
Democrática Interamericana, en lo que corresponde a los procesos electorales
futuros y la democracia, en la República Dominicana y el continente.
El informe
consigna que “Considerando el gran número de acusaciones cruzadas entre los
partidos referidas a irregularidades del proceso electoral, la Misión
recomienda fortalecer los mecanismos institucionales de la Junta Central
Electoral para que los actores políticos puedan transmitir de manera expedita
sus denuncias y que la autoridad electoral adopte las medidas pertinentes con
prontitud”.
Este aspecto
refleja la poca confianza de los partidos de oposición en la equidad de la JCE,
y en parte explica lo señalado en otra parte del informe sobre la no
presentación de quejas a través de los “canales institucionales”.
Esta
recomendación tiene particular importancia ya que una posible ley de partidos
pierde efectividad de no cumplirse con la recomendación de la OEA para que se
fortalezcan los mecanismos institucionales de la JCE. Es oportuno destacar que
todo el entorno judicial esta controladopor el PLD.
Adquiere particular relevancia la
recomendación final de la MOE-OEA en la que “reitera su llamado a dar cumplimiento del compromiso
asumido por todas las fuerzas políticas de aprobar, antes de fin de año, el
proyecto de ley orgánica del régimen electoral, la cual contiene en buena parte
los aspectos antes mencionados, y cuya aprobación sin duda significaría un paso
sustantivo en la consolidación democrática del país”.
La presentación del informe de la
MOE-OEA abre un nuevo capítulo que
obliga a la OEA a lograr mayor efectividad
en las responsabilidades que le corresponden en el contexto de la Carta
Democrática Interamericana, particularmente en términos de una labor más dinámica
en favor de un fortalecimiento efectivo de los procesos democráticos en la
República Dominicana y en el continente. Esta necesidad ya quedó marcada en los
diferentes informes de las MOEs, de los años 2008, 2010 y en ese último informe
del pasado 6 de septiembre de 2012.
El Presidente Mejía ha expuesto
claramente ante la OEA lineamientos muy precisos y la cooperación que el país
necesita en la materia. Esto incluye reformas institucionales que, entre otras,
eviten que una eventual ley de partidos políticos o de reforma electoral, no
constituyan piezas legales sin verdadera vigencia práctica, vista la influencia
determinante del partido en el poder sobre los órganos electorales, JCE y Tribunal
Superior Electoral, (TSE), y los demás órganos del Estado.
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