lunes, 10 de septiembre de 2012

OEA CONFIRMA DENUNCIAS DE PRESIDENTE HIPOLITO MEJIA


El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos confirmó las denuncias más importantes de irregularidades cometidas por el gobierno en las elecciones de mayo pasado, tal como lo consigna la carta del  Presidente Hipólito Mejía al organismo.

Asimismo recomendó el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de la Junta Central Electoral, tal como solicitó el Presidente Mejía, a fin de que se impida la repetición de las múltiples irregularidades denunciadas por él, de las cuales se hizo eco la OEA
En el informe verbal conocido el pasado miércoles el Consejo reconoció  la compra de votos y cédulas, lo cual fue constatado, en algunos casos por los propios observadores de la OEA. El informe también se refiere al uso de recursos públicos, así como a la presencia de las más altas autoridades del gobierno en actos de campaña.
En su misiva, el Presidente Mejía denunció que los órganos electorales han socavado la libre expresión de la soberanía del pueblo, en la medida en que las decisiones, retrasos en la solución de problemas y omisiones electorales de la JCE; las actitudes intransigentes de la presidencia de la JCE en perjuicio de su candidatura, sustentada por el PRD, partidos aliados y amplios sectores de la ciudadanía; la permisividad del abuso de los recursos del Estado y la visible injerencia constante en el proceso electoral del doctor Leonel Fernández, Presidente de la Republica Dominicana, que han coartado el ejercicio pleno del derecho de los dominicanos.
Pasados casi cuatro meses desde los comicios del 20 de mayo de 2012, el señor Kevin Casas, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, presentó verbalmente el informe elaborado por el señor Tabaré Vázquez, ex Presidente del Uruguay, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de esa organización, quien no estuvo presente en el Consejo Permanente.
El informe de la MOE, que motivó la presencia en Washington del doctor Leonel Fernández, en “coincidencia” con otro evento celebrado en dicha ciudad, deja constancia detallada, de las quejas de partidos políticos, candidatos y organizaciones de la sociedad civil, de una serie de denuncias graves en los procesos electorales de la Republica Dominicana, como “el uso de recursos públicos, control político de los órganos electorales, y uso de la violencia, que “fueron hechas a través de los medios de comunicación y no por los canales institucionales”.
“La Misión llama la atención sobre estos hechos aislados, e insta a  la población a formular las denuncias respectivas y a las autoridades a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que estas se repitan en futuros procesos electorales”, sigue el informe.
Señaló además que “El día de los comicios, observadores desplegados a lo ancho del territorio nacional recibieron denuncias relativas a casos de compra de votos por parte de diversos partidos políticos, como intento por asegurar la preferencia de los ciudadanos por alguna candidatura en particular y de compra de cédulas, con el objeto de impedir el ejercicio del voto por parte de los mismos. En algunos casos observadores pudieron constatar de manera directa ambas situaciones”.
Contrariamente a algunas opiniones divulgadas en los medios nacionales, que pretenden disminuir la importancia de estos hechos y desean cerrar rápidamente la hoja de las elecciones pasadas, la OEA considera importante y pertinente, como responsabilidad nacional, que se procure que esos hechos se aclaren y se tomen acciones eficaces contra estos problemas que perturban la limpieza y equidad electoral.
Señala el informe de la OEA que “la misión recibió denuncia sobre el porte de armas por parte de personas en los recintos electorales, así como también durante los cierres de campaña. Los antecedentes de todas las denuncias recibidas por la OEA fueron remitidos de manera oportuna a la Junta Central Electoral”. No explica el informe, sin embargo,  cuales fueron las diligencias que la MOE realizó ante la JCE para que ésta informara a la misma, sobre el cumplimiento de sus responsabilidades respecto de esas importantes materias, que indudablemente coaccionaron el voto popular.
El informe de la MOE deja entrever claramente las graves deficiencias de la democracia electoral en la República Dominicana, particularmente el uso de los recursos del Estado.
Como parte de sus conclusiones y recomendaciones,la MOE recomienda a las autoridades, en primer lugar: “poner atención, tal y como ha sido mencionado en anteriores informes de MOEs/OEA, al uso de recursos públicos y la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera este sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral.”
Esta recomendación de la MOE, coincide con los planteamientos incluidos en las sendas comunicaciones dirigidas por el Presidente Hipólito Mejía, al señor José Miguel Insulsa, Secretario General de la OEA y al señor  Presidente del Consejo Permanente, las cuales enfocaron, de manera integral y concreta, la gravedad para la democracia dominicana de esas y otras prácticas.
Es indudable que las comunicaciones del Presidente Mejía han constituido una prudente acción para que se tenga conciencia a nivel de las altas autoridades de la OEA que los hechos ocurridos en las elecciones pasadas no sean minimizados, y que se escuche el clamor de los amplios sectores de la ciudadanía, para que se trabaje firmemente en la solución de los problemas estructurales de la democracia en la República Dominicana, como condición indispensable para la realización de comicios libres y justos.
El Presidente Mejía ha cumplido con su responsabilidad, como exponente de un 47 % del electorado, al presentar con franqueza y espíritu constructivo ante el sistema interamericano, las realidades del pasado proceso electoral, con una visión de lo que en su opinión necesita mejorarse para que tenga plena vigencia la Carta Democrática Interamericana, en lo que corresponde a los procesos electorales futuros y la democracia, en la República Dominicana y el continente.
El informe consigna que “Considerando el gran número de acusaciones cruzadas entre los partidos referidas a irregularidades del proceso electoral, la Misión recomienda fortalecer los mecanismos institucionales de la Junta Central Electoral para que los actores políticos puedan transmitir de manera expedita sus denuncias y que la autoridad electoral adopte las medidas pertinentes con prontitud”.
Este aspecto refleja la poca confianza de los partidos de oposición en la equidad de la JCE, y en parte explica lo señalado en otra parte del informe sobre la no presentación de quejas a través de los “canales institucionales”.
Esta recomendación tiene particular importancia ya que una posible ley de partidos pierde efectividad de no cumplirse con la recomendación de la OEA para que se fortalezcan los mecanismos institucionales de la JCE. Es oportuno destacar que todo el entorno judicial esta controladopor el PLD.
Adquiere particular relevancia la recomendación final de la MOE-OEA en la que reitera su llamado a dar cumplimiento del compromiso asumido por todas las fuerzas políticas de aprobar, antes de fin de año, el proyecto de ley orgánica del régimen electoral, la cual contiene en buena parte los aspectos antes mencionados, y cuya aprobación sin duda significaría un paso sustantivo en la consolidación democrática del país.
La presentación del informe de la MOE-OEA abre un nuevo capítulo  que obliga a la OEA a lograr mayor  efectividad en las responsabilidades que le corresponden en el contexto de la Carta Democrática Interamericana, particularmente  en términos de una labor más dinámica en favor de un fortalecimiento efectivo de los procesos democráticos en la República Dominicana y en el continente. Esta necesidad ya quedó marcada en los diferentes informes de las MOEs, de los años 2008, 2010 y en ese último informe del pasado 6 de septiembre de 2012.
El Presidente Mejía ha expuesto claramente ante la OEA lineamientos muy precisos y la cooperación que el país necesita en la materia. Esto incluye reformas institucionales que, entre otras, eviten que una eventual ley de partidos políticos o de reforma electoral, no constituyan piezas legales sin verdadera vigencia práctica, vista la influencia determinante del partido en el poder sobre los órganos electorales, JCE y Tribunal Superior Electoral, (TSE), y los demás órganos del Estado.

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