Antes
de abordar el tema principal, deseo expresar mi solidaridad con las miles de
familias dominicanas que están sufriendo a causa de fenómenos naturales
ocurridos en nuestro país y en zonas de los Estados Unidos, donde viven
nuestros hermanos y amigos.
Pueblo
dominicano:
Nuestra
sociedad está indignada, con justa razón, porque se le quiere hacer pagar la
crisis creada por el despilfarro y la corrupción de un gobierno irresponsable,
que violó todas las normas establecidas para gastar los recursos públicos, sin
ningún control y sin tener en cuenta las necesidades de la gente.
La
reforma tributaria que el gobierno de Danilo Medina ha decidido imponer a la
población, no toma en cuenta el drama que padecen las mayorías nacionales.
La
crisis que vivimos no es sólo económica, sino también social, política, moral e
institucional, contrario a lo que plantea el gobierno del Partido de la
Liberación Dominicana.
Señoras
y señores: lo que está en discusión va más allá de una simple reforma
tributaria. La encrucijada que enfrentamos, consiste en decidir si queremos
permanecer como una de las naciones más derrochadoras, más corruptas y con
menos desarrollo humano del mundo, o si por el contrario, queremos ser un país
equitativo, solidario y con igualdad de oportunidades, donde el bienestar de la
gente sea la prioridad del gobierno.
Como
consecuencia de la crisis generalizada que padecemos, la paz pública de la
nación puede estar en grave peligro.
Nuestras
familias, y cada uno de nosotros, sufrimos las consecuencias de las ambiciones
desmedidas de un grupo de aventureros irresponsables, que ha utilizado la
política para enriquecerse y perpetuarse en el poder, a costa del sacrificio y
el sudor de cada uno de nosotros.
Durante
los años de gobierno de Leonel Fernández, vimos surgir una cúpula de
funcionarios cuyo súbito enriquecimiento, ilícito e irritante, contrasta con
las precariedades y penurias que sufre la mayoría del pueblo dominicano.
Esa
ostentación contrasta con la falta de oportunidades que padecen nuestros
jóvenes y mujeres, quienes no encuentran trabajo a pesar de tener la
preparación adecuada.
Ese
lujo de los cómplices de Leonel Fernández contrasta con la pobre calidad de la
educación que reciben nuestros niños, muchos de los cuales se ven obligados a
recibir clases debajo de un árbol por falta de aulas.
Esa
opulencia contrasta con las dificultades que sufren los padres de familia,
quienes tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir el sustento
de sus hijos.
Esa
exhibición de riqueza contrasta con el sufrimiento de los enfermos que
abarrotan los hospitales y no encuentran medicamentos ni atenciones apropiadas.
Esa
abundancia de recursos mal habidos contrasta con el abandono de los sectores
productivos y especialmente de nuestros queridos agricultores, que no reciben
créditos, asistencia técnica, ni ayuda gubernamental, para producir los
alimentos que requiere el país y poder ganarse honradamente el sustento.
Fue
en su afán de garantizar la permanencia de su grupo en el poder y con la
pretensión de regresar a la presidencia en el 2016, que Leonel Fernández generó
de manera ilegal e irresponsable, un déficit de 187 mil millones de pesos en el
presente año.
A
ese déficit tendríamos que agregarle los 225 mil millones de pesos acumulados
en los cuatro años pasados. Es decir, estamos hablando de un déficit total de
412 mil millones de pesos en los últimos cinco años.
Todos
sabemos que esos fondos también fueron usados para la compra de conciencias y
voluntades durante el pasado proceso electoral, así como para montar una
permanente y masiva campaña mediática, dirigida a hacernos creer que nuestro
país vivía un estado de progreso y bienestar.
Esa
campaña impidió durante ocho años que la luz de la verdad brillara en nuestra
patria, pero ahora esa verdad finalmente resplandece y podemos ver la crisis
sin precedentes que hemos heredado de Leonel Fernández.
Frente a esta crisis de vastas proporciones, que como hemos dicho
no se limita a lo económico, el gobierno ha propuesto como solución una reforma
fiscal que le garantice más recursos.
El
pueblo desconfía de esa Reforma Tributaria, porque el gobierno no está siendo
sincero ni transparente ya que la misma sólo se limita a buscar nuevos
ingresos.
Esa falta de transparencia se expresa en dos vertientes: La
primera, el gobierno no ha aprovechado esta experiencia calamitosa para
establecer responsabilidades frente a los causantes de esta crisis, ni ha propuesto un régimen de consecuencias que
prevenga que la misma se repita.
La otra vertiente es que el gobierno, en una nueva actitud de
intolerancia, decidió rechazar las propuestas hechas por las diferentes instancias organizadas de la
sociedad, especialmente las presentadas por el Consejo Económico y Social de
reorientar y mejorar la calidad del gasto.
No
debemos olvidar que ese Consejo es un órgano de consulta establecido en la
Constitución de la República.
El
ejercicio democrático que pareció representar la consulta al seno del Consejo
Económico y Social, lamentablemente se ha desvanecido porque el gobierno
decidió ignorar las recomendaciones surgidas de ese legítimo espacio de diálogo
y concertación.
Frente
al intento de imponer esa reforma, asumo la responsabilidad de explicar al país
los alcances y consecuencias del aumento de impuestos que nos quiere imponer el
gobierno, aprovechando la mayoría mecánica que tiene el Partido de la
Liberación Dominicana en el Congreso Nacional.
Debemos
recordar que los gobiernos del PLD hicieron 6 reformas tributarias,
pidiéndole sacrificios al pueblo bajo el argumento de que las mismas irían en
beneficio del país.
Sin embargo, en todos los casos, los
aumentos de ingresos sólo sirvieron para hacer más rico al gobierno y a sus
funcionarios y más pobre al pueblo.
Ahora está sucediendo lo mismo. Lo
que quieren es aumentar los impuestos directos e indirectos para obtener 189
mil millones de pesos adicionales, en los próximos cuatro años. Sólo en el 2013
la recaudación adicional sería de 47 mil 297 millones de pesos.
Se trata de una reforma fiscal
regresiva, en la cual, la carga principal recae sobre los pobres y la clase
media, que dedican la mayor parte de sus ingresos para consumir los productos
que estarán afectados por el ITBIS y el Impuesto Selectivo al Consumo.
El aumento de dos pesos al galón de
gasolina y al de gasoil, el impuesto a la circulación de vehículos, el impuesto
del uno por ciento del valor del vehículo a la primera placa, tendrán
repercusiones negativas sobre el transporte de carga y pasajeros, así como en
los precios en sentido general.
La ampliación de la base del ITBIS,
para que el café, el azúcar, los aceites y las grasas comestibles, el yogur y
el chocolate paguen un impuesto entre el 8 y el 16 por ciento, introduce una
seria distorsión, que terminará aumentando también los precios de todos los
productos de primera necesidad.
A pesar de que en la propuesta del
gobierno no están incluidos, el arroz, las habichuelas, la carne de pollo, los
huevos, la leche, las frutas y los vegetales, lo cierto es que los precios de
esos productos aumentarán debido a que los impuestos que se aplicarán a los
primeros, afectarán de manera indirecta a todos los artículos que forman parte de
la canasta familiar.
El poder de compra de los
profesionales y de la clase media en general, será reducido sensiblemente
mediante el aumento de los impuestos directos.
El impuesto de un diez por ciento al
ahorro, el pago anual de doce mil pesos por parte de los pequeños negocios, así
como el congelamiento por inflación de los ingresos de personas físicas entre
otros, son golpes mortales a la economía de la clase media.
El precio de la canasta básica
aumentará de 27 mil a 35 mil pesos mensuales, como consecuencia de los nuevos
impuestos.
Esto disminuirá el consumo de la
población e impactará negativamente en la producción nacional y en el empleo,
incrementando los niveles de pobreza.
Además del impacto negativo de esta
reforma en lo económico y lo social, debemos destacar lo que ella significa
para el funcionamiento de nuestras instituciones.
Con la imposición de esta reforma se
estaría violando el Artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, que consigna que debe llegarse a un pacto fiscal con las fuerzas
políticas, económicas y sociales, para un proceso de reestructuración fiscal
integral.
Esta
reforma no es sostenible porque no contribuye a estimular los sectores
productivos, ni fomenta el ahorro interno y tampoco eleva la calidad del gasto
social.
Lo
que en realidad persigue esa reforma es más dinero para continuar
despilfarrándolo, de la misma manera que lo hizo el gobierno anterior. La
mayoría de sectores la rechazan por injusta e inoportuna.
En
consecuencia, se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas hagamos valer
nuestro derecho a resistir la injusticia que encierra este nuevo aumento de
impuesto.
La
resistencia ciudadana es necesaria porque los nuevos
impuestos aumentarán el costo de la vida, reducirán el poder de compra de las
personas, bajarán la producción y las actividades económicas y aumentarán la
pobreza y la desigualdad social.
Dominicanas
y dominicanos: ustedes saben que siempre he sido un ente de moderación y
diálogo.
A
lo largo de mi vida he demostrado mi compromiso con la democracia y el
fortalecimiento de las instituciones del país. Reitero ante ustedes, mi decisión
de continuar por ese camino.
Ahora
bien, frente a la intransigencia de quienes pretenden imponer las odiosas
medidas que conlleva esta reforma, doy mi apoyo a las acciones de resistencia
ciudadana.
Esta
resistencia ciudadana, que se manifiesta ya en acciones de diversas
organizaciones sociales, encuentra justificación ética y moral, de manera
particular, en el documento público dado a conocer por el Consejo Económico y
Social el pasado 26 de octubre.
En
ese documento el CES da cuenta al país
de la actitud arrogante e indolente del gobierno, al suspender el diálogo. En
efecto, el gobierno decidió enviar al Congreso de manera apresurada y
unilateral su propuesta de reforma fiscal.
Señoras
y señores: consciente de que debemos de impulsar acciones que contribuyan al
fortalecimiento de nuestro sistema democrático y social, hago las siguientes
propuestas y demandas:
En
primer lugar: solicitamos que el gobierno retire del Congreso
Nacional su propuesta de reforma, para retomar el camino del diálogo, que
permita alcanzar un pacto fiscal consensuado, que se traduzca en mayor
bienestar para la gente.
En
segundo lugar: proponemos que sea en el año 2013 cuando se
discuta junto al empresariado, la sociedad civil y los partidos políticos, una
reforma fiscal integral.
En
tercer lugar: proponemos que el presupuesto para el año 2013
tenga como referencia la estructura de gastos del presupuesto del año 2011 tal
y como lo consigna el informe detallado de la Comisión Económica de nuestro
Partido Revolucionario Dominicano.
En
cuarto lugar: proponemos que esta reforma fiscal integral,
sea vinculada de manera explícita al cumplimiento de las normas
institucionales, que obligan al uso de los recursos públicos con transparencia
y equidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial.
Finalmente:
demandamos que se aplique la Constitución y la Ley de Presupuesto,
especialmente en lo que se refiere a las faltas e infracciones cometidas por
los funcionarios responsables del manejo de los fondos públicos.
Digámoslo bien claro: quienes
malversen los recursos públicos tienen que enfrentar las consecuencias de sus
actos.
Señoras y señores: estamos en un
momento crucial para nuestra Patria. Enfrentemos con responsabilidad las dificultades
actuales para, recorrer juntos el camino hacia el desarrollo sostenible y
trabajar por la solución de los graves problemas que afectan la Nación.
Este no es un momento para
imposiciones sino para el diálogo. No es momento para el autoritarismo sino
para la concertación.
El ejercicio de nuestros derechos
democráticos, con apego a los principios y valores sobre los cuales descansan
las instituciones de nuestra querida
Patria, se concretiza en la resistencia ciudadana a un aumento de impuestos como
el que se nos quiere cargar a toda costa.
En la búsqueda de la paz social y la
construcción de una sociedad justa y solidaria, no hay lugar para la
indiferencia.
Sólo con nuestra participación
decidida como ciudadanos y ciudadanas responsables, seremos capaces de
construir una mejor República Dominicana.
Que Dios Todopoderoso nos bendiga a
todos.
Muchas gracias.
