El entonces presidente Leonel Fernández con
su ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa (Fuente externa)
Al menos
veinticuatro violaciones a distintas disposiciones de nueve leyes diferentes,
incluyendo la Constitución de la República, han sido identificadas por la
comisión técnica responsable de estudiar el déficit de 187,000
millones de pesos este año, lo que conlleva sanciones a los transgresores
que van de la amonestación pública hasta la inhabilitación por cinco años para
el desempeño de cualquier función pública.
La comisión
concluye al respecto que las reiteradas violaciones al ordenamiento
jurídico tienen un régimen de consecuencia que implica la amonestación verbal,
amonestación escrita, suspensión de funciones sin disfrute de salario y la
destitución del funcionario.
En lo que
respecta a la responsabilidad civil, el informe es claro en advertir que los
funcionarios públicos deben responder con su propio patrimonio a los daños y
perjuicios que puedan generar con su conducta antijurídica, no solo frente a
terceros, sino también frente al propio Estado, y si de responsabilidad penal
se trata, de manera excepcional, la Constitución, en su artículo 146, sanciona
todo acto de corrupción con la pena de la degradación cívica, que se aplicaría
como pena principal. Citan además el Artículo 123 del Código Penal que sanciona
la coalición de funcionarios públicos para violar la ley “y establece prisión
de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos
de uno a cinco años”.
Aún cuando la
comisión admite no haber investigado sobre posibles casos de corrupción por
distracción de recursos públicos a través de diversas modalidades, como la
sobrevaluación de obras, limitándose a las violaciones relacionadas con
la aprobación y ejecución del presupuesto, afirma que “de comprobarse hechos de
esta naturaleza podrían aplicarse las sanciones previstas para la falsedad en
escritura pública, prevaricación, desfalco, cohecho, estafa y abuso
de confianza”, delitos estos tipificados en el Código Penal.
Los técnicos de la comisión aclaran a
seguidas que los funcionarios responsables de dar
cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el presupuesto y su
ejecución son, entre otros, el expresidente y miembros de su Gabinete Económico
como los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, y de Hacienda,
los directores generales de Presupuesto, Crédito Público, el contralor general
de la República y el tesorero Nacional del gobierno saliente. También, aquellas
entidades públicas que ejecutaron gastos por encima de sus apropiaciones
presupuestarias, incluyendo al ministro de Obras Públicas y el director de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Por Ivonne Ferreras/7dias.com.do 6 de Diciembre del 2012
