Dice que desde el
año 2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad
del gobierno de Fernández
Los
déficits acumulados desde 2008 a 2012 suman 400 mil millones de pesos.
 |
| Expresidente Leonel Fernández |
Desde el año 2008,
República Dominicana inició una carrera de déficits fiscales que culminó en este
2012 con el mayor en toda la historia desde que se llevan registros sobre
economía. En estos cuatro años, los déficits suman 401,105 millones de pesos,
lo que evidencia un manejo “absolutamente irresponsable de las finanzas
públicas” por parte de la administración Fernández.
Así lo establece la
Comisión Técnica designada por el Consejo Económico Social en su informe
preliminar sobre el “Déficit
fiscal en el año 2012: monto, causas y evaluación con respecto al ordenamiento
jurídico”, en el que destaca
que lo ocurrido a partir de 2008, y sobre todo en este 2012, “debe ser
examinado con toda crudeza en el pleno del Consejo Económico Social, con el
objetivo de recomendar, durante las reuniones que deberán celebrarse para
alcanzar un pacto fiscal, mecanismos que eviten su repetición, incluyendo la
aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el
existente”.
El pleno del CES, en su
sesión del 10 de octubre de este año, creó una comisión técnica con el objetivo
de identificar las causas y acciones que dieron lugar al déficit y estudiar si
las mismas son o no compatibles con la ley.
En ese sentido, el
sector laboral designó a Joaquín Luciano y Felipe Santos Reyes; el social a
Alfonso Abreu Collado y José Rijo, en tanto que la parte empresarial, a pesar
de haber designado a Biviana Riveiro y Pilar Haché en fecha 14 de noviembre, no
se incorporó a la comisión, razón por la que el informe preliminar ha sido
redactado por cinco de los siete miembros.
Hasta el día de hoy el
informe no ha sido sometido al pleno del CES, no obstante haber sido entregado
al presidente del organismo, monseñor Agripino Núñez Collado, el 22 de
noviembre, tal y como consta en la carta enviada por el presidente de la
referida comisión Francisco Álvarez Valdez. Según supo 7dias.com.do, en la
última reunión del CES del miércoles 28 de noviembre, Núñez Collado aseguró que
apenas tenía media hora de haber recibido el informe preliminar cuando, según
consta en la comunicación de Álvarez, llevaba ya siete días con el documento en
sus manos.
El documento es claro en
la recomendación de que el déficit de 2012 se revise desde una óptica más
amplia en el tiempo, ya que sus antecedentes aparecen con mucha claridad en el
año 2008 “y no se trata de una coincidencia que ambos, 2008 y 2012, hayan sido
años electorales”.
Amplía que “desde el año
2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad del
gobierno a cualquier costo, y esa es la razón principal, aunque no exclusiva,
del por qué se generó un déficit acumulado desde ese año hasta el 2011, de
214,105 millones de pesos, antesala del enorme déficit de este año 2012 por
alrededor de 187,000 millones de pesos”.
“En cinco años,
2008-2012, el déficit acumulado asciende a 401,105 millones de pesos, lo que
evidencia un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas, que
en adición no contribuyó a una reducción proporcional de la pobreza”, concluye
el informe.
El documento señala como
principales causas del déficit del año 2012 “las claras violaciones legales, al
no transparentar en el presupuesto el monto correcto del subsidio eléctrico,
cumpliendo con la Ley General de Electricidad, 125-01 del 26 de julio de 2001,
lo que era perfectamente estimable, o no ajustar los precios de los
combustibles debido al alza del petróleo, aplicando incorrectamente el Decreto
307-01, en vez de fijar los precios partiendo del precio de paridad de
importación del petróleo en el mercado internacional, más la tasa de cambio,
como lo dispone el artículo 8 de la ley”.
Explica el informe que
“la principal razón del déficit del año 2012 ha sido admitida oficialmente y se
encuentra incluso contenida en una ley: el presidente decidió terminar las
obras que había comenzado a pesar de que dicha terminación no estaba
contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2012. Esto
permite explicar porqué el gasto fue mucho mayor después de las elecciones del
20 de mayo, hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que de enero a mayo”.
Destaca que a pesar del
avance en la aplicación de leyes modernas que regulen el régimen económico y
financiero, “hemos podido detectar muy poco respeto por las disposiciones
constitucionales y legales adoptadas en esta materia, que prohíben aumentar el
gasto público sin la existencia de una ley que lo autorice, o que establezca
criterios de economía, planificación, eficiencia, prioridad y sobre todo,
transparencia para la asignación del gasto público, y que no fueron
respetadas”.
Como también se violó la
Ley de Presupuesto que señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso
constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de
los ingresos estimados, lo que en lenguaje sencillo significa “que no se puede
gastar lo que no ha ingresado y constituye una barrera legal para impedir la
generación de cualquier déficit que no haya sido previamente planificado e
incluido en la Ley de Presupuesto General del Estado”.
“El déficit de 2012 ha dejado al
descubierto nuevamente que nuestro principal problema no es aprobar nuevas
disposiciones legales, sino cumplir las que tenemos, pero en esta ocasión, por
la magnitud del déficit, el precio será apurar un trago muy amargo, tal como lo
describió el presidente Medina”, dice el informe.
La comisión técnica del
CES expresa que el déficit puede ser una herramienta eficiente y a veces
necesaria para el manejo de la economía, “pero nos referimos al déficit
planificado, presupuestado y no al que surge al margen de las leyes. El
concepto de déficit no es sinónimo de corrupción, pero no cabe duda de que no
se puede descartar la posibilidad de que la generación de un déficit pueda
ocurrir por causas corruptas, incluyendo las violaciones de las leyes
destinadas a impedir déficits no planificados”.
Agrega que, “bajo los
gobiernos de los tres partidos políticos que nos han gobernado desde 1966, las
leyes relacionadas al régimen económico y financiero se hayan violado
constantemente, sobre todo en años electorales. Nadie ha tenido que responder
por tales violaciones, que raramente son denunciadas, y esta es la causa por la
que tales violaciones siguen ocurriendo periódicamente, con consecuencias cada
vez mayores para el país y sus habitantes”.
Destaca que hasta el
momento no existe una sola sentencia condenatoria por violaciones a estas leyes
debido a la complicidad entre los partidos políticos, “que muchas veces imponen
la política del borrón y cuenta nueva, lo que impide que este tipo de violaciones
llegue a los tribunales o se conozcan tales procesos hasta el final”.
En ese sentido, el
documento plantea que los distintos sectores de la sociedad, incluyendo los
representados en el CES, deben abrir sus conciencias a la realidad de que no
habrá cambios sobre la forma en que se manejan los recursos públicos sin la
participación activa y valiente de la ciudadanía a través de los mecanismos de
control social y el ejercicio eficaz del derecho al acceso a la información
pública.
Sugiere además, que “estos
temas deben formar parte esencial de las discusiones que deberán llevarse a
cabo en el seno del CES para la concertación de un pacto fiscal integral tal
como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la
aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el
existente”.
Por: Ivonne
Ferreras/7dias.com.do
