INTERVENCION DEL ING. HIPÓLITO MEJÍA EN EL III FORO SOBRE LA DEMOCRACIA QUE
DEBATIRÁ LA RELACIÓN DE LA CRISIS DE ELECCIONES Y PODER.
Distinguidos miembros de la mesa de honor
Señoras y señores:
Deseo agradecer a los organizadores de este Tercer
Foro de la Democracia Latinoamericana, su amable invitación a compartir mis
reflexiones sobre la gobernabilidad democrática, con los distinguidos
participantes a este evento.
Las ideas que presentaré sobre el tema están basadas
en mis vivencias como Jefe de Estado y como dirigente del Partido
Revolucionario Dominicano, un partido que durante setenta años ha sido clave en
la construcción y fortalecimiento de la democracia dominicana.
Al referirnos al concepto de gobernabilidad
democrática estamos asumiendo que puede existir otro tipo de gobernabilidad, no
sustentada en los principios y valores de la democracia.
Tal y como han planteado los estudiosos del tema, la
gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión, que se
influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los
ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder.
La gobernabilidad no se limita a los derechos
políticos, cuya principal expresión es el derecho al voto, sino también al
conjunto de derechos económicos, sociales, humanos y otros, siendo los
gobiernos responsables de garantizar a sus gobernados el ejercicio de dichos
derechos.
La gobernabilidad tiene dos fuentes principales de
legitimidad: la credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción de
las expectativas de bienestar económico y social de los ciudadanos.
Por lo tanto, en las democracias los conflictos se
originan, en primer lugar, cuando se pretende sacrificar los derechos y las
libertades básicas de los ciudadanos, en nombre de la preservación del gobierno
o de intereses particulares de las cúpulas gobernantes.
En segundo lugar, se crean conflictos cuando los
gobiernos resultan incapaces de satisfacer las demandas y necesidades
económicas y sociales de los pueblos.
De lo anterior se deriva que, para lograr una genuina
gobernabilidad democrática es imprescindible, la participación ciudadana a
través de las diversas organizaciones de la Sociedad Civil, en la definición de
prioridades, alcances y ejecución de las políticas públicas.
La existencia de espacios institucionales
participativos contribuye significativamente al éxito de la gobernanza.
Debe insistirse que la gobernabilidad democrática
requiere de instituciones que garanticen la participación, y que promuevan el
diálogo y el consenso entre los diferentes actores políticos y sociales.
Los espacios de diálogo y consenso son necesarios
para lograr que actores con diferentes cuotas de poder, como son los gobiernos,
los partidos, el sector privado y la Sociedad Civil interactúen y asuman
compromisos alrededor de metas colectivas.
La región ha tenido avances significativos en los
aspectos formales de la democracia, pero han sido insuficientes en lo que
corresponde a la solución de las necesidades básicas y la creación de mejores
oportunidades de progreso.
Los distintos intereses, en una democracia, se
traducen en la diversidad de retos para la gobernabilidad democrática.
La cohesión social se logra cuando los espacios de
diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos, para junto a la Sociedad
Civil canalizar esos intereses hacia una agenda común en beneficio de la
mayoría.
Por tanto, superar la precaria cohesión social que
prevalece en la región es uno de los principales retos para la gobernabilidad
democrática, tal como se ha puesto en evidencia en una buena parte de los
países de América Latina y el Caribe.
Ese reto requiere que los gobiernos, junto a la
sociedad civil, trabajen para superar la exclusión que sufren amplios sectores
de la población.
Esa exclusión no es sólo de naturaleza económica.
Aunque, la negación de los derechos económicos, especialmente el derecho a un
empleo decente y la pobreza que se deriva como consecuencia, es, sin duda,
una de las causas principales del déficit de gobernabilidad democrática
en nuestros países.
Ahora bien, es imperativo reconocer que los
ciudadanos son mucho más que agentes económicos y que sus aspiraciones
incluyen, el disfrute de mejor calidad de vida y un mayor acceso a los
beneficios y oportunidades del mundo moderno.
Es precisamente la incapacidad de los gobiernos de
solucionar las demandas de los ciudadanos, lo que crea los déficits y las
crisis de gobernabilidad en nuestro hemisferio.
Nuestra región se caracteriza por tener altos niveles
de desigualdad, una elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes
y las mujeres, una mala calidad del gasto y de la inversión pública e
insuficiente inversión en infraestructura productiva.
La región, también muestra deficientes sistemas
educativos, pobre calidad de los servicios básicos, pocas oportunidades para
sectores vulnerables tales como los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los
envejecientes, los discapacitados y otros.
Uno de los principales retos que enfrentamos es el
grave problema del hambre, cuya incidencia contribuye a profundizar la pobreza
y crear daños irreversibles en la niñez.
El insuficiente apoyo a la agricultura afecta el
ingreso de la familia rural y el costo de los alimentos, lo que incide en la
seguridad alimentaria y promueve las migraciones que engrosan los cordones de
miserias de las principales ciudades del hemisferio, agravando la exclusión
social y erosionando la gobernabilidad democrática.
Otro de los grandes retos que enfrentamos está
asociado a la degradación acelerada de nuestros recursos naturales y el medio
ambiente que amenaza con producir daños irreversibles a la diversidad
ecológica, la disponibilidad de agua y la capacidad productiva de la región.
Necesitamos políticas públicas dirigidas a
contrarrestar el impacto que tienen el cambio climático y los desastres
naturales sobre la economía y las condiciones de vida de la gente más pobre de
nuestros pueblos y su repercusión sobre la gobernabilidad.
La descentralización del poder es otro importante
aspecto de la gobernabilidad que deseo enfatizar.
La transferencia de capacidades y mayores funciones a
los gobiernos locales, ayuntamientos y municipalidades, es uno de los
principales instrumento para fortalecer la democracia y acercar el gobierno a
los ciudadanos.
Permítanme referirme ahora a otros retos importantes
como son aquellos de naturaleza política.
Algunos sostienen que la democracia ha alcanzado un
alto grado de madurez en América Latina.
Lo cierto, sin embargo, es que el ejercicio de la
democracia en la región, aun debe superar un conjunto de dificultades que ponen
en riesgo su existencia.
Una de ellas es la falta de credibilidad de los
procesos electorales. Sin procesos electorales confiables y transparentes, en
donde se exprese y se respete la voluntad popular, es imposible tener gobiernos
legítimos que garanticen la gobernabilidad democrática.
Para muchos ciudadanos el ejercicio del derecho a
votar en las elecciones, es el único recurso disponible para ejercer la
ciudadanía. Cuando se distorsiona ese derecho, se crea un caldo de cultivo para
la crisis de gobernabilidad.
Lograr la credibilidad en los procesos electorales
requiere revestirlos de absoluta transparencia.
Para eso es imprescindible superar las deficiencias
en: organización de las elecciones, observación electoral, acceso a los medios
de comunicación, uso de los recursos públicos, imparcialidad en el arbitraje y
los recursos para financiar la campaña, entre otros aspectos.
Un tema que reviste particular importancia, se
refiere a la creciente capacidad del narcotráfico para incidir en los procesos
electorales, a través de permear los partidos políticos, e influir en la
elección de candidatos, desde el ámbito local hasta la Presidencia de la
República.
Otro de los grandes retos que enfrenta la
gobernabilidad en el hemisferio, es la impunidad que ampara la corrupción que
socava la administración pública.
Esto es así porque la corrupción distrae los recursos
de los gobiernos para atender las necesidades de la población y pervierte el
espíritu de servicio de las instituciones.
No podemos dejar de mencionar la creciente
inseguridad ciudadana, como una de las más importantes amenazas a la
gobernabilidad de la región.
Un país acosado por el miedo carece de una genuina
gobernabilidad.
Tal y como hemos expresado la organización de los
procesos electorales transparentes es una condición necesaria para la elección
de gobiernos legítimos.
Sin embargo, es frecuente en algunos de nuestros
países, que los órganos electorales sean distorsionados por la parcialidad de
sus directivos, por la injerencia de estamentos de poder y por la falta de
integridad de sus componentes, entre otros aspectos.
La garantía del ejercicio de un sufragio universal,
libre e igualitario, sin coerciones, tiene que comenzar por una selección
consensuada de los responsables de gestionar los procesos electorales.
Es una responsabilidad ineludible de las autoridades
que integran nuestros respectivos sistemas electorales, impedir el uso y abuso
de mecanismos del poder político, represivos, administrativos y materiales,
especialmente el uso de fondos del erario, de manera directa o indirecta, a
favor de determinados candidatos.
En este sentido, la garantía de los derechos
ciudadanos y las libertades universalmente consagradas deberían ser el norte
que inspire la gestión de los sistemas electorales, en un marco de
transparencia, equidad y plenitud del estado de derecho.
De igual manera, el gasto desmesurado de las campañas
electorales, actúa como un mecanismo distorsionante del proceso, y desvirtúa la
naturaleza propositiva de las candidaturas, creando sistemas que triunfan en la
medida de su capacidad recaudatoria.
Esta realidad hace imperativa la regulación del gasto
de las campañas electorales como garantía de una participación justa y
equitativa de sus actores.
De ahí mi manifiesta preocupación ante las
violaciones a la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales,
aprobados por el Congreso de cada nación y la interrogante que surge, ¡de para
qué sirven todas estas legislaciones si a la hora de ponerlas a prueba se
violan impunemente!.
Tomemos como ejemplo de esta afirmación la Carta
Democrática Interamericana de la OEA, en cuyos artículos 23, 24 y 25 establece
la forma idónea en que los Estados se comprometen a organizar procesos
electorales libres, transparentes y justos, incluyendo la observación
electoral.
Sin embargo, la experiencia enseña que, en ocasiones,
los observadores llegan cuando el gobierno y los órganos electorales ya tienen
montado el andamiaje que permite realizar maniobras violatorias de la
legislación electoral y las normas democráticas.
Estoy convencido, de que la observación puede
contribuir a la transparencia de los procesos electorales en la región, siempre
y cuando adopte un mayor grado de independencia con respecto a los órganos
electorales de los países y se enfoque en la defensa del interés de los
ciudadanos.
Para ilustrar la relación que existe entre procesos
electorales viciados y la gobernabilidad democrática, solicito su anuencia para
compartir la experiencia de lo acontecido en las pasadas elecciones dominicanas.
Sin lugar a dudas, la democracia dominicana ha dado
importantes pasos de avance en los últimos años, al punto de ser considerada
por muchos como una democracia fuerte.
Esa percepción, fue la causa de que algunos
organismos de observación electoral consideraran innecesario involucrarse en
las elecciones dominicanas del pasado 20 de mayo.
A pesar de esa imagen de democracia fuerte, en
nuestro país ocurrieron los siguientes hechos:
En primer lugar tenemos las anomalías cometidas por
los dos órganos electorales: la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior
Electoral, los cuales fueron integrados mayoritariamente por miembros o
vinculados al partido del gobierno.
Ambos organismos mostraron públicamente su
parcialidad a favor de los candidatos del partido de gobierno, al actuar de
espalda a la transparencia y a la equidad.
Otro hecho alarmante fue el uso y abuso de los
recursos del poder, por el pasado gobierno, el cual, en su afán de imponer al
candidato de su Partido incurrió en el uso abusivo de fondos multimillonarios
no contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional.
Esas acciones han generando un déficit de más de 4
mil 675 millones de dólares equivalente al ocho por ciento del Producto Interno
Bruto, algo sin precedente en la historia de nuestro país.
Estos recursos fueron usados entre otras acciones
para la compra de espacios de radio, televisión y prensa escrita, compra de
votos, cedulas y para inducir la abstención a través de diversos medios.
Preocupa de manera particular que en dichas elecciones
hubo una abierta expresión clientelista mediante la manipulación de los
beneficiarios más pobres de los programas sociales. Muchos de ellos fueron
amenazados de perder su ayuda de no apoyar al candidato del gobierno.
Otro abuso de poder fue el uso de la fuerza armada y
la policía contra la oposición.
Para mayor ilustración de lo que acabo de afirmar,
estoy entregando por secretaría copias de un informe referente al proceso
electoral dominicano.
Los hechos señalados ponen en evidencia la debilidad
de las instituciones democráticas y el déficit de gobernabilidad que existe en
la República Dominicana.
En ese momento, la sensatez de las fuerzas políticas,
los movimientos sociales y el liderazgo opositor fue lo que impidió que ese
déficit se convirtiera en una crisis de gobernabilidad.
Consciente como estoy, de que lo acontecido en
nuestro país debe servir de experiencia, para que estos hechos no se repitan en
ninguna otra nación del hemisferio ni en la República Dominicana, me permito
hacer las siguientes propuestas:
En primer lugar: hacer los correctivos para revestir
los sistemas electorales de la mayor credibilidad y transparencia a fin de que
sean la expresión de los intereses ciudadanos y no del partido que controla la
instancia donde se designan los órganos electorales.
En segundo lugar: que la OEA, los partidos, la
sociedad civil y las diferentes instancias organizadas de los pueblos del
hemisferio, nos avoquemos de manera urgente a mejorar los mecanismos de
observación a fin de que su trabajo se realice durante
todo el proceso.
La observación debe cubrir desde la organización, la
campaña, el escrutinio y la emisión de resultados de la jornada electoral,
facultando al observador con los mecanismos de monitoreo y de intervención
oportuna para la corrección de aspectos críticos del proceso.
En tercer lugar se hace necesario que la observación
electoral sea sustentada en un protocolo que provea armonía, independencia,
presencia y homogeneidad a los procedimientos de observación.
Por último, propongo que en nuestros países se
aprueben y mejoren legislaciones electorales que regulen los gastos y aportes
económicos en las campañas políticas, las acciones de los funcionarios del
gobierno y un sistema de consecuencias por delitos y faltas electorales.
Señoras y señores, está en nuestras manos la
ineludible tarea de fortalecer el sistema democrático y garantizar a los
ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y la conquista de su bienestar,
para que la gobernabilidad democrática sea una realidad en nuestra región.
Como ciudadano de América invito a trabajar juntos
para que los principios democráticos que nos unen nos permitan alcanzar la
justicia social, la libertad y la democracia plena, que es aspiración de
nuestros pueblos.
Muchas gracias
Ing. Hipólito
Mejía
