Ing. Héctor Guzmán, dirigente del PRD
Santo Domingo.– El Partido Revolucionario Dominicano
propone que se prohíba la publicación de encuestas de opinión entre 20 a 30 días anteriores al día
de la votación y que las mismas sean aplicadas por empresas registradas en la
Junta Central Electoral.
Asimismo
propone que las encuestas y sondeos de preferencias no podrán ser financiadas
con fondos públicos por ningún organismo estatal. La violación a estas
disposiciones será sancionada como delito electoral.
Héctor
Guzmán, miembro de la Comisión del partido blanco que elaboró la propuesta dio
que la posición del PRD forma parte de las observaciones y propuestas al
proyecto de Ley de Partidos Políticos que cursa en el Congreso Nacional.
El PRD
ha desplegado una ofensiva presentando sus observaciones y sugerencias al Presidente
de la República, a partidos políticos, universidades y organizaciones de la
sociedad civil en la búsqueda de obtener consenso para la aprobación del
proyecto de Ley.
Las
firmas encuestadoras deben cumplir con los requisitos que establezca la Junta Central
Electoral para su registro sin que ello signifique un aval a la empresa
especializada en la medición de las tendencias electorales.
Asimismo
el PRD incluye en su propuesta, un párrafo mediante el cual se consigne la
prohibición de la publicación de resultados de encuestas electorales realizadas
por entidades, personas o empresas que no hayan sido debidamente registradas en
la Junta Central Electoral.
Las
encuestas y sondeos de preferencias no podrán ser financiadas con fondos
públicos por ningún organismo estatal. La violación a estas disposiciones será
sancionada como delito electoral.
En
cuanto a la publicación de encuestas a boca de urnas el PRD plantea que sus resultados no
podrán ser divulgados hasta seis horas después del cierre de las votaciones.
Además se propone que las violaciones a esta disposición serán sancionadas como
delitos electorales contemplados en el proyecto de Ley.
Esas
propuestas forman parte de un conjunto de sugerencias que incluye la
creación de una Comisión Especial de Control y Garantías Electorales
integrada por siete (7) miembros, la cual operará durante el periodo de
campaña.
La misma estará compuesta por (2)
miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, uno de los cuales la
coordinadora, cuatro (4) representantes de universidades nacionales y un (1)
representante designado por una reconocida organización de la sociedad civil
orientada a los temas electorales.
Esta comisión tendrá entre sus
atribuciones: velar por el cumplimiento transparente y equitativo de las
garantías electorales, dar seguimiento a los límites del gasto en radio,
televisión y otros tipos de propaganda visual; presentar un informe quincenal
de la auditoría y monitoreo y cumplimiento de los espacios del espectro radial
y televisivo utilizados por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos
en la campaña; y, representar posiciones ante la Junta Central Electoral y el
Tribunal Superior Electoral por iniciativas propias o por solicitud de los
partidos, agrupaciones y movimientos políticos, igualmente de cualquier
ciudadano.
