Roberto Rosario manejó el dinero como quiso
La auditoría de la Cámara de Cuentas no ha sido analizada
por el Ministerio Público ni tampoco fue enviada a ningún órgano punitivo por
la entidad auditora.
Roberto Rosario Márquez, Presidente JCE.
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- Aunque se
presenta como una entidad modelo, que intenta no ser cuestionada, la Junta
Central Electoral tiene serios cuestionamientos de la Cámara de Cuentas, por
prácticas contrarias a los principios administrativos y por distribuir
contratos de grado a grado, aparte de muchas otras irregularidades.
La conclusión sale de la lectura de una auditoría
practicada por la Cámara de Cuentas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del 2008, cuando Roberto Rosario Márquez era el presidente de la Cámara
Administrativa de la JCE, y Julio César Castaños Guzmán, el presidente del
Pleno.
La opinión legal de los auditores no dejó lugar a
dudas sobre la responsabilidad en que incurrieron los funcionarios de la JCE,
cuando se permitieron expresar lo siguiente:
“Luego de un amplio estudio y análisis de las
observaciones contenidas en el Informe de Auditoría de Ejecución
Presupuestaria, practicada a la Junta Central Electoral (JCE), durante el
período comprendido entre el lro. de enero al 31 de diciembre del año 2008, se
determina que los principales funcionarios de la entidad, actuando en el
ejercicio de sus atribuciones, no dieron cumplimientos a las normativas legales
y reglamentarias que rigen la Contabilidad Gubernamental; la Contratación
Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones; y el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Código Tributario de la República Dominicana y
sus modificaciones, por lo que resultan administrativa y civilmente
responsables al tenor de lo dispuesto por la Ley No. 10-04 de fecha 20 de enero
del año 2004” .
Esa opinión se expresó el 29 de diciembre del 2009, y
luego de eso Roberto Rosario Márquez, como nuevo presidente del organismo
encabezó las elecciones del 2010 y las del 2012, sin ninguna dificultad y sin
haber tenido que dar explicaciones a ningún tribunal, y al parecer tampoco a la
Cámara de Cuentas.
La auditoría identifica algunas de las
irregularidades. Por ejemplo entrega la lista de obras adjudicadas sin
concurso, por montos millonarios, hasta completar un total de 368 millones de
pesos. Esto fue identificado por los auditores:
Sobre estas
adjudicaciones, los auditores de la Cámara de Cuentas no dejaron lugar a dudas,
cuando dijeron lo siguiente:
ADJUDICACIÓN DE OBRAS.
Se verificó que
durante el mes de diciembre 2008, la Cámara Administrativa de la Junta Central
Electoral, realizó adjudicaciones para la construcción de varias obras por un
monto ascendente a RD$368,067,384.60, las cuales fueron aprobadas por la Cámara
Administrativa de la Junta Central Electoral. No se comprobó la existencia de
un contrato para cada obra.
Los funcionarios
de la JCE, comenzando por Castaños Guzmán, siguiendo con Rosario Márquez y los
demás ejecutivos de la parte administrativa, al no observar las disposiciones
legales comprometieron su responsabilidad legal. Pero nada pasó y esa auditoría
fue enviada al olvido.
La auditoría concluye diciendo
lo siguiente:
CONSIDERANDO,
que de conformidad, con la observación contenida en el Informe de Auditoría de
referencia, se determina que los principales funcionarios de la entidad
auditada, actuando en el desempeño de sus atribuciones, no dieron cumplimiento
al mandato de la ley, por lo que comprometen su responsabilidad administrativa
al tenor de lo dispuesto por los artículos 47 y 54 de la Ley No. 10-04 de fecha
20 de enero del año 2004.
Nada pasó, pese
a esta opinión concluyente de los auditores.
Otro caso para saltar de la
mesa: SOMO
Los auditores comprobaron lo
siguiente:
Se verificó que
la Entidad no tiene registrada al 31 de diciembre de 2008, una acreencia con el
Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), RNC 130-20403-9, la cual asciende a la
suma de US$8,932,733.75, de acuerdo con la confirmación recibida del acreedor
mencionado.
De conformidad
con la sentencia definitiva del Tribunal Arbitral designado por el Consejo de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
de fecha 9 de febrero de 2009, la Junta Central Electoral (JCE) deberá pagar,
al Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), RNC No. 130-20403-9, US$9,042,503.03,
más la suma de RD$1,768,357.00, por costas y honorarios del arbitraje,
los cuales no se incluyen como pasivo o compromiso por pagar al 31 de diciembre
de 2008. El total a pagar asciende, expresado en pesos dominicanos
RD$321,963,389.00, a19 de enero de 2009.
El Tribunal
Arbitral también ordenó que se le diera continuidad al Contrato de fecha 13 de
octubre de 2004 que había sido suspendido por decisión unilateral de la Junta
Central Electoral (JCE) a finales del año 2006. El Contrato para la
automatización del registro del estado civil, registro electoral y voto
electrónico asciende a US$62,674,035.00, habiéndose pagado hasta el 31 de
diciembre de 2008 la suma de US$21,625,123.74, quedando pendiente de pago la
suma de US$9,042,503.03 (servicios realizados) y US$32,006,409.03 (servicios por
realizar).
En fecha 10 de
junio de 2009, las partes suscribieron un acuerdo transaccional de pago y
cumplimiento de obligaciones, mediante la cual la Junta Central Electoral
(lCE), se comprometió al pago de US$8,500,000.00 (en vez US$9,042,503.03 que
estableció la sentencia); la suma de RD$850,971.00, para rembolsar las costas
del arbitraje y RD$3,000,000 .00, por honorarios profesionales. La partida de
US$8,500,000.00, se acordó un plan de pago: US$1,250,000.00 el 10-06-2009;
US$1,250,000.00 el 20-06-2009; US$1,200,000.00 el 9-07-2009; US$2,400,000.00 el
7-09-2009 y US$2,400,000.00 el 7-10-2009.
La sentencia del
Tribunal Arbitral estableció el pago de un astreinte, cuyo monto a la firma del
acuerdo transaccional ascendía a US$2,700,000.00, el cual quedó suspendido y
sin efecto siempre que la Junta Central Electoral (JCE) cumpla con el plan de
pago establecido y con los términos del contrato.
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